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Tras una larga y azarosa tramitación parlamentaria, impulsada en buena medida desde el sector privado, la esperada reforma de la regulación legal de las obligaciones contractuales de las Administraciones públicas que articule instrumentos sustantivos y procesales adecuados para asegurar el pago sobre la base de un principio real de seguridad jurídica se ha materializado en la reciente L 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la L 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en cuyo análisis, particularmente en lo que concierne al pago de los contratos del sector público, de centra el presente comentario.
