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Existe abundante literatura sobre los beneficios y la evolución de los modelos de concesión tanto en Latinoamérica como en Chile, advirtiéndose el rol que pueden tener las empresas privadas en la provisión de bienes públicos. También hay relativo consenso respecto de cuáles son las principales fallas y riesgos tanto en el diseño de los mecanismos de concesión como en su operación. Entre otros, destacan los problemas de renegociación de obras adicionales, de riesgo de hold-up del Estado, de selección de proyectos sin la rentabilidad social requerida, de inadecuada distribución de riesgos, de contabilidad fiscal inadecuada de la inversión pública pagada en forma diferida y de mecanismos inapropiados de solución de controversias. Sin embargo, no hay mucha literatura de cómo enfrentar estos problemas a partir de un mejoramiento en el marco legal y diseño institucional, en el ámbito de las regulaciones y procedimientos que afectan a las asociaciones público-privadas de un país. El presente artículo aborda esta problemática basado en la experiencia chilena, sin duda una de las más exitosas en la región tanto por el clima para la inversión y su eficiencia operacional, como por la generación de proyectos. A partir de un análisis de las distintas etapas que ha vivido el proceso de concesiones chileno, se señalan medidas de acción concretas que deberían dar vida a un nuevo impulso en el marco de las concesiones en el país, velando por reglas del juego claras y expeditas que apunten a maximizar el bienestar de la sociedad chilena y a evitar la desacreditación del sistema.
