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Jesús Baz Rodríguez
El presente trabajo tiene por objeto el comentario de la STJCE 29-10-2009 (As. C-63/08, Virginie Pontin - T. Comalux); un pronunciamiento jurisprudencial en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal de trabajo luxemburgués, sobre la adecuación del ordenamiento laboral de dicho país a las exigencias del Derecho comunitario en relación con el despido de una trabajadora embarazada (Directivas 92/85/CE y, actualmente 2006/54/CE). La proyección, sobre el caso concreto, de la doctrina del Tribunal de Luxemburgo sobre las exigencias generales que ha de revestir la tutela judicial de los derechos conferidos a los justiciables por parte del Derecho comunitario (principios de equivalencia y de efectividad) arroja importantes implicaciones sobre la regulación de plazos preclusivos de carácter perentorio, así como sobre la privación para la trabajadora embarazada de acciones indemnizatorias que sí estarían disponibles en otras acciones jurídicas comparables. Cuestión esta última en la que se plantea, además, la afectación del principio comunitario de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación. El impacto potencial de esta doctrina sobre otros ordenamientos nacionales podría conferirle un especial interés, no siendo descartable que su extrapolación a otras experiencias jurídicas nacionales dé lugar al planteamiento de cuestiones prejudiciales análogas por parte de tribunales laborales de otros países miembros de la UE.
