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La Decisión Marco analizada en el presente trabajo trata de paliar uno de los importantes problemas que se plantean en el ámbito de la cooperación judicial penal en la Unión Europea: los conflictos entre jurisdicciones. Dicho fenómeno está muy vinculado a la extensión de la delincuencia organizada transfronteriza que depara la posible apertura de procesos penales paralelos en más de un Estado miembro, con las interferencias y perturbaciones procesales que ello causa, sobre todo en cuanto a la posible persecución y enjuiciamiento de una persona, y por los mismos hechos, en más de un Estado miembro. Tratar de aportar una serie de pautas, sobre la base del posible acuerdo voluntario de cesión de jurisdicción, que puedan servir para que los Estados miembros eviten estas confrontaciones es el objetivo de la presente normativa comunitaria respecto de la cual exponemos toda una serie de comentarios en cuanto a sus virtudes y defectos.
