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El 26 de noviembre de 2009, el Consejo de la Unión aprobó y autorizó la celebración de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien la Unión, o previamente la Comunidad Europea, se ha singularizado respecto de otras organizaciones internacionales por ejercer profusamente su capacidad de concluir acuerdos internacionales, nunca hasta la fecha lo había hecho con un tratado general de derechos humanos. Con ello la Unión busca conseguir un doble objetivo. Por un lado, consolidar su compromiso en la promoción y protección de los derechos de los ciudadanos europeos con discapacidad. Por otro lado, reafirmar su presencia en el plano internacional, profundizando la construcción europea en su dimensión exterior. Sin embargo, pese a que la autorización del Consejo es de finales de 2009, al escribir este trabajo en abril de 2010 todavía no se ha producido el depósito del instrumento de confirmación oficial ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Por el momento, parece que aquél no será depositado hasta que todos los Estados miembros de la Unión hayan hecho lo propio, lo que responde a un condicionante político y no tanto jurídico. Además, surgen diversas cuestiones aún no resueltas en un contexto de importantes reformas, con la reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
