La Directiva europea de servicios en el mercado interior y sus leyes nacionales de transposición produce un notable impacto en el derecho de la seguridad industrial. En primer lugar, transforma el régimen administrativo de las autorizaciones de actividad en una comunicación a autodeclaración. En segundo lugar, obliga a considerar los organismos de control como actividades sujetas al libre establecimiento y prestación. Todo ello implica un cambio de posición de la Administración en la vigilancia de la seguridad industrial, así como una liberalización de los organismos colaboradores.