La Directiva de Servicios aprobada por la Unión Europea en el año 2006 tiene como objetivo la simplificación de procedimientos y trámites administrativos para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio. Por lo que se refiere a la institución del silencio administrativo, su trasposición al ordenamiento español por la llamada Ley Ómnibus, supone un retroceso y la definitiva renuncia a un procedimiento administrativo común.