La reforma del Código Penal producida en virtud de la LO 5/2010, de 22 de junio, responde a un contexto internacional perfectamente definido: expansión, no muy ordenada, de la intervención del Derecho penal. En algunos aspectos, la reforma opta por soluciones propias, que tampoco son convincentes. Sus aportaciones específicas a problemas de la coyuntura española, si bien tienen la virtud de poner fin a disputas inacabables de instituciones del Estado, no siempre hallan el punto medio virtuoso.