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El trabajo analiza las consecuencias de la reciente modificación legislativa que prohíbe las limitaciones al derecho de voto en los estatutos de las sociedades cotizadas. La reforma establece un plazo transitorio de un año de forma que las sociedades cotizadas tengan la oportunidad de adaptar sus estatutos al nuevo marco legal. En este contexto cobra una particular trascendencia la cuestión del tratamiento normativo de los mecanismos de control reforzados. En el trabajo se pone de manifiesto el giro de la Unión Europea desde el Informe Winter del 2002, que recomienda la vigencia del principio de proporcionalidad, al Informe Shearman & Sterling y al Informe Impact Assessment on the Proporcionality del 2007, que proponen intensificar la transparencia pero que no se limite la libertad de las sociedades para dotarse de mecanismos de control reforzados.
