La Administración, titular de la competencia de control de la legalidad urbanística, coteja la petición de licencia con la norma urbanística aplicable para, en caso de ajustarse la solicitud al régimen jurídico urbanístico, otorgar la mencionada licencia. Si un tercero cuestiona la legalidad del acto administrativo de concesión de licencia, deberá alegar y probar la ilegalidad de la misma apelando a las normas urbanísticas vigentes al momento de la concesión.