En España, la transposición de la Directiva de Servicios ha sido entendida como el origen de una reforma estructural del sector servicios, que se sustenta en la aplicación de un nuevo modelo de regulación económica, más eficaz para el desarrollo de la actividad empresarial y profesional. Dicho proceso ha supuesto no sólo la adecuación normativa, como ocurre en otras transposiciones, sino también la puesta en marcha de una ventanilla única y de mecanismos de cooperación con las autoridades de otros Estados miembros. La colaboración entre las Administraciones Públicas españolas ha sido clave para el éxito del proceso.