El trabajo aspira a conjugar las necesidades propias de la investigación del delito con el derecho a la protección de datos personales. Se propone incorporar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal una nueva diligencia de instrucción (requerimiento judicial de cesión de datos personales) junto con una medida de aseguramiento (requerimiento de preservación de datos personales para su posterior cesión). El análisis de las cuestiones más relevantes al respecto da paso a una propuesta articulada de reforma legal que se somete al debate público.