En el presente trabajo se aborda el estudio de la problemática jurídica que genera la reclamación indemnizatoria que el funcionario hace ante la Administración por los daños y perjuicios que éste puede sufrir en el desempeño de su actividad profesional. Esta indemnización tiene su fundamento en el deber de protección que el Estado concede a los servidores públicos, una de cuyas manifestaciones es la obligación de resarcirlos por los daños inferidos en el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo.