La corrupción es un grave problema que perjudica el desarrollo económico, político y social de un país. Su generalización más allá de las fronteras nacionales, preocupa a todos los Estados. Es por ello que, junto a las normativas internas específicas, en los últimos años se han multiplicado los convenios internacionales para prevenir y reprimir las conductas corruptas. En esa línea de actuación se encuentra también la Unión Europea y sus Estados miembros que, desde distintos frentes, vienen desarrollando una política global de lucha contra la corrupción. Uno de sus ámbitos de acción es el de la contratación pública.