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El presente artículo pretende abordar en el marco de la liberalización de servicios y la supresión general de autorizaciones previas de carácter administrativo, operado desde la aprobación de la directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, más conocida como directiva de Servicios o directiva Bolkenstein, consagrado en el panorama legislativo de carácter administrativo español por las leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como a nivel reglamentario por el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de servicios de las corporaciones locales, abordar un análisis de la incidencia de esta normativa en la prolija estructura y normativa de intervención administrativa sobre la prestación de servicios turísticos, tanto la supletoria legislación estatal, como en la correspondiente legislación de las diferentes comunidades autónomas. En ese sentido se analizan las fórmulas de declaración responsable y comunicación previa sustitutivas de las calificaciones y licencias autonómicas y locales.
