La opinión pública, especialmente la relacionada con el mundo del derecho, debe estar cada vez mejor formada e informada sobre los problemas del agua. Ello seguramente permitirá superar los planteamientos poco objetivos realizados con una estrecha mirada localista o desde unos intereses políticos a corto plazo que politizan y radicalizan el debate y que dividen a la opinión pública.