En plena discusión entre quienes consideran que SITEL es un software ilegal por no tener el aval de una Ley Orgánica y los que aseguran que cuenta con todas las garantías, las conclusiones de una investigación de la Agencia Española de Protección de Datos respaldando esta tecnología han suministrado un nuevo balón de oxígeno al Ministerio del Interior y, por ende, al Gobierno, que previsiblemente le otorgará dicha cobertura legal a lo largo de este año, en el marco del anteproyecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.