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Las políticas basadas en negar o restringir el suministro a los revendedores vienen siendo cada vez más utilizadas por la industria para controlar el mercado de la distribución y paliar los efectos del comercio paralelo. Desde la perspectiva de la libre competencia, estas conductas son lícitas cuando se trata de decisiones unilaterales y el actor no ostenta posición de dominio en el mercado relevante, pero no ocurre lo mismo cuando respoonden a un acuerdo o voluntad concertada de varios operadores o en los supuestos en que el suministrador abusa de su poder de mercado. La cuestión, que no puede analizarse igual en mercados liberalizados y administrativamente intervenidos, resulta de particular interés en el sector farmacéutico, donde últimamente se han dictado diversas resoluciones nacionales y comunitarias que introducen criterios decisivos a la hora de fijar el alcance de la negativa de venta lícita desde la perspectiva del Derecho antitrust.
