A partir de algunos rescriptos de tiempos de Diocleciano, es posible advertir una política proteccionista a favor de quienes contratan directamente con los empresarios, o con sus representantes, lo que demuestra no sólo la permanencia de determinadas actividades comerciales (aun con diferente intensidad), sino principalmente una continuidad histórica con los medios de tutela introducidos inicialmente por el pretor, desarrollados por los juristas en época anterior y relacionados con la organización empresarial. Las conclusiones e inferencias encuentran confirmación en el Edicto de Precios del 301 d. C., al tiempo que contribuyen a una reconstrucción más fiel de la economía tardía romana.