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Esta aportación estudia la introducción de los órganos de garantía estatutaria en los estatutos regionales, aprobados a partir de la ley constitucional 1/1999, con el objetivo de conseguir una nueva forma de tutela de la legalidad estatutaria directamente efectiva en el ámbito del ordenamiento regional. La fragilidad de las funciones atribuidas a los órganos de garantía, potencialmente destinadas a incidir, de forma más o menos significativa, en las prerrogativas de los órganos representativos y del mismo cuerpo electoral regional,comporta la necesidad de dotar a estos mismos órganos de una posición real de independencia y autonomía frente a las sedes del circuito político regional. Por ese motivo, la atención se centra especialmente en las soluciones concretas de los Estatutos según los perfiles estructurales de los órganos examinados. La competencia para valorar la compatibilidad estatutaria de las fuentes regionales, en especial de la ley, se presenta como la función principal de los órganos de garantía y se estudia de manera especial en este ensayo, también a la luz de las orientaciones dadas por el juez constitucional, en virtud de las cuales se reflexiona, ya en la parte final del trabajo, sobre la utilidad de las llamadas disposiciones programáticas de los estatutos como parámetro de control de la conformidad estatutaria de las leyes regionales. Mientras los tribunales de garantía no entrenen funcionamiento en todas las regiones, es fácil hacer previsiones sobre la eficacia concreta que éstos podrán tener:una eficacia que dependerá, sobre todo, del grado real de independencia y autoridad que sean capaces de representar, así como también de la predisposición de las clases políticas regionales para tomarse seriamente la función de garantía estatutaria.
