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Vicente Carlos Guzmán Fluja 
La justicia, especialmente la que resulta del proceso penal, está sometida a continuo escrutinio por parte de los medios de comunicación de masas, en el marco de lo que debe reputarse una necesaria relación entre libertad de información, en sus vertientes activa y pasiva, y proceso. Pero no es infrecuente el hecho de que en nombre de la libertad de información se traslade a la opinión pública datos de las investigaciones penales que, en ningún caso y conforme a la ley, deberían trascender. Un erróneo entendimiento del secreto del sumario y una inexplicablemente consentida filtración del contenido de éste conducen a situaciones absolutamente reprochables por entrañar, entre otras cosas, menoscabo de la presunción de inocencia y del derecho al honor de las personas imputadas. La cuestión es que esas lesiones, si concurren los requisitos para ello, deberían ser indemnizadas sobre la base de provenir de un funcionamiento anormal de la justicia. Y una parte de esa indemnización debería dirigirse a la reparación del daño moral. Ambas cuestiones merecen ser analizadas por entrañar algunas incógnitas y dificultades que es conveniente analizar y, en su caso, aclarar. Y, en cuanto parece imparable que el fenómeno de incremento de asunción de competencias en materia de justicia por las Comunidades Autónomas, habrá que plantearse con un mínimo de rigor que éstas asuman la correlativa responsabilidad por el funcionamiento anormal de un servicio público que, en gran parte, organizan y sustentan con recursos económicos, tecnológicos y, cada vez más, humanos.
