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La Academia ha venido denunciando desde hace años la ineficacia de la justicia, calificándola de histórica y situando sus causas en la superada existencia de una pluralidad de jurisdicciones gracias a la efectiva realización de la unidad jurisdiccional, consagrado en el artículo 117.5 de la Constitución; el defectuoso diseño de las demarcaciones judiciales; los escasos medios personales y materiales tradicionalmente puestos a disposición de la Administración de Justicia; la presencia de factores sociológicos o el acceso a la justicia, no sólo de las clases medias, que ahora ocupan un gran campo de la agenda judicial, sino también de las clases bajas.
En el momento presente, si bien persisten algunas motivadoras de la ineficacia de la justicia, ha aparecido otra de enorme importancia imposible de ignorar. Se trata de la crisis de las normas procesales (incluyendo la gestión y organización judicial), tanto más perceptible si se la observa desde la perspectiva de la racionalidad exigible a la Ley Procesal.
