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Es bien conocida la sobrecarga que soportan los órganos judiciales, en general, y algunos concretos en particular. Ante eso, se han ofrecido varias soluciones. Una consistente en trasladar de la instancia judicial a otras privadas, como la conciliación, la mediación o el arbitraje, la solución de contiendas. Otra ha sido la de intentar que algunas funciones marginales, desempeñadas por órganos judiciales, sean desempeñadas por secretarios judiciales, registradores o notarios. La propuesta de reforma de la oficina judicial persigue ese preciso objetivo. Pero el debate en la literatura académica y en los medios de comunicación gira en torno a otras cuestiones. Tales como el alcance del "derecho a la justicia" en relación con determinadas instancias. Lo cual ha movido a proponer, cuando no a disponer, la restricción o reducción de las vías de acceso a los altos tribunales. Un debate similar se ha abierto en el plano internacional, con referencia a las reformas propuestas por el Protocolo 14 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a efectos de agilizar el procedimiento ante ese Tribunal. La demanda ciudadana de tutela judicial como prestación pública ha venido a abrir (o al menos a sacar a la luz) una nueva dimensión de la justicia. El desafío que se plantea es el de buscar nuevas vías para trasladar a la realidad un mandato constitucional que establece un derecho efectivo
