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Un reciente informe de la Fiscalía General del Estado cuantifica en más de 700 los procedimientos abiertos contra cargos públicos. Datos como éste inciden notablemente en el creciente desencanto de la población con nuestros representantes, que proviene, en algunos casos, de conductas como el transfuguismo que, aunque legal, es mayoritariamente reprobado. En las siguientes líneas repasaremos las connotaciones legales y jurisprudenciales del fenómeno en España y en los países de nuestro entorno y, por otro lado, recordaremos cuándo y en qué supuestos se puede exigir responsabilidad penal a nuestros parlamentarios o senadores.
