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El próximo 28 de diciembre expira el plazo de transposición de la Directiva 2006/123/CE, y España se afana en ultimar las reformas en el derecho interno necesarias para el logro del objetivo -harto ambicioso- perseguido por esta norma comunitaria: la creación de un auténtico mercado único de servicios, obligando a los estados a eliminar las barreras legales y administrativas que impiden u obstaculizan las libertades de establecimiento y de prestación de servicios. Tras repasar su proceso de elaboración, en las siguientes páginas analizamos los principales efectos derivados de la incorporación a nuestro derecho -mediante las leyes "paraguas" y "ómnibus"- de la conocida como "Directiva de Servicios".
