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Inmaculada Vivas Tesón 
Gran mérito de la Ley 41/2003 ha sido colocar junto al único término existente hasta el momento, «incapacitación judicial», el de «discapacidad» (esto es, una minusvalía debidamente acreditada), al cual se asocian importantes efectos civiles. Sin embargo, la irrupción ex lege del término administrativo «minusvalía» en el Derecho civil produce ciertos desajustes entre discapacidad e incapacitación, así como algunas dudas en cuanto a su reconocimiento judicial que requieren ser solventados lo antes posible.
