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La reforma de las Haciendas Locales, introducida por la Ley 51/2002, no pasa de ser un revestimiento secundario al propósito político central de desgravar del Impuesto de Actividades Económicas a una amplia capa de contribuyentes del mismo. El resto de la reforma tributaria guarda escasa relación con las cuestiones de eficiencia o equidad que plantea el sistema tributario local o con la proclamada suficiencia financiera de las entidades locales. Los Ayuntamientos han visto estrecharse paulatinamente su margen de autonomía tributaria por efecto de la inflación sobre techos impositivos y, difícilmente, se puede decir que se amplía a través de la facultad de conceder bonificaciones fiscales cuando, para los municipios de mayor tamaño, los techos impositivos se mantienen. La, aparentemente, amplia reforma de las Participaciones en los Tributos del Estado parece destinada a mantener el statu quo en la distribución, sin abordar las discontinuidades y efectos erráticos que la caracterizan. Tampoco aborda los desajustes presupuestarios y de gasto público, que generan dificultades generalizadas de liquidez y morosidad en el pago, retrasando la incorporación al régimen local de la Directiva 2000/35 CE.
