Con motivo del 30 aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, el autor hace un breve repaso al papel que el Tribunal Constitucional ha desempeñado en la protección y defensa de los derechos fundamentales de los reclusos, recogidos en la legislación penitenciaria como un verdadero «estatus jurídico» que abarca los derechos que a éstos les corresponde como personas, como ciudadanos y como internos.