La búsqueda de la imparcialidad en el juzgamiento ha llevado a las reformas del sistema de procedimiento español a una separación entre investigador y acusado donde los contendientes frente a un juez imparcial muestran sus elementos de prueba y de manera adversarial se le dará la razón al que fundamente mejor su caso. Esto con el respeto a las garantías constitucionales del procesado y el derecho a la defensa presente en cada una de las actuaciones.