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María Alejandra Vélez 
Detrás de la titulación colectiva de casi seis millones de hectáreas a comunidades negras en el Pacífico colombiano está la formación de más de 157 Consejos Comunitarios como nuevas formas de gobierno local y máxima autoridad en el territorio. La Ley 70 de 1993 no sólo cambió el régimen de propiedad de la Región Pacífica, al pasar de un régimen abierto a uno de propiedad común (Berkes et al. 1989; Ostrom 2000), sino que transformó el mapa político de la región al promover la formación de los Consejos Comunitarios como nuevas formas de autogobierno. Desde un marco teórico y una perspectiva institucional, en este artículo estudio el caso de los Consejos Comunitarios de la zona rural de Buenaventura, en el Pacífico vallecaucano, a la luz de los principios que, según Ostrom (1990, 2005), caracterizan sistemas de autogobierno robustos y sostenibles. La definición de los derechos de propiedad y la exclusión de no miembros es el primer paso para el sostenimiento de los recursos. Sin embargo, igual de importante es la regulación de los usuarios internos, y para esto no basta con la definición y formalización de reglas para el manejo de recursos naturales. El mayor reto de los Consejos Comunitarios de Buenaventura es la definición de un sistema de monitoreo que sancione gradualmente a los infractores (Ostrom 2005).
