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José Luis Álvarez García
Tras años de desarrollo económico ajeno al impacto de la actividad económica sobre el medio ambiente, el concepto de desarrollo sostenible ha ganado terreno en todos los ámbitos de la sociedad. Especialmente la articulación de una normativa ambiental cada vez más abundante ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los agentes económicos y, en particular, las empresas asuman su responsabilidad e internalicen los costes ambientales de sus actividades. Los recientes desarrollos en materia de legislación ambiental han derivado en una evolución del principio de que quien contamina paga a un principio basado en que quien contamina verá limitada su capacidad para producir y vender, viéndose así impelido a adoptar medidas de prevención, control y reparación de su impacto ambiental a fin de garantizar su continuidad en la actividad económica. En este contexto de control externo de la actuación ambiental de las empresas, también es creciente la tendencia a requerir y a incorporar una mayor información ambiental en las cuentas anuales. En España, la información financiera ambiental que deben presentar las empresas es sometida por primera vez a regulación con la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector eléctrico en el año 1998. Uno de los principales problemas ambientales derivados de la actividad empresarial es la generación de residuos. Su eliminación y control pasa por reforzar la responsabilidad ambiental de las empresas a través de las medidas anteriores, la articulación de ayudas para su gestión y la implantación de medidas de inertización de los residuos generados que eviten una futura contaminación. En Galicia, la Sociedad Gallega de Residuos Industriales es la encargada de poner en práctica esas medidas.
