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Transcurridos casi seis años desde la entrada en vigor de la LO 7/2003 de reforma del Código Penal, el siguiente artículo pretende analizar las consecuencias prácticas de su aplicación en el ámbito penitenciario. Principalmente, en referencia al periodo de seguridad y el abono de la responsabilidad civil como nuevos requisitos para el acceso al tercer grado. Se destaca la necesidad de que un ámbito de regulación tan sensible responda más a concepciones de sistema que de coyuntura. De manera que se dé respuesta satisfactoria a necesidades sociales reales. Aspectos estos a tener en cuenta en la valoración que merezca la nueva reforma del Código Penal que se está fraguando.
