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En la búsqueda de la justicia, la Corte Penal Internacional (CPI) sigue siendo una institución con enormes posibilidades. A pesar de haber cumplido siete años de funcionamiento, recibir su 109ª ratificación y haber juzgado numerosos casos en cuatro situaciones diferentes, siguen existiendo dudas en cuanto a la capacidad de la CPI para llevar a cabo su cometido. Se trata de preguntas relacionadas con el efecto que la CPI podría tener sobre la soberanía nacional, su función en los procesos legales nacionales, la posible politización de la institución, su relación con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la inclusión del crimen de agresión en sus futuras investigaciones y la tensión histórica entre Estados Unidos y la CPI. El destino de la CPI depende de la comunidad internacional. Convertirla en una activa defensora de la justicia o en una institución muerta está en manos de los Estados que firmaron el Estatuto de Roma y, también, de aquellos como EE UU que no aceptan su legitimidad.
