El trabajo analiza la aprobación y el contenido del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de mayo, de contratos del sector público. Se critica en el texto que no se haya decidido abordar el hoy imprescindible desarrollo general de la LCSP, exigido expresamente por muchos de sus preceptos, así como el muy limitado resultado final de la regulación sobre la clasificación de las empresas contratistas de obras y servicios. El Real Decreto aprobado obliga a los operadores jurídicos de la contratación pública, provocando más inseguridad jurídica, a seguir utilizando simultáneamente no sólo diversas normas reglamentarias (Reglamentos de Contratos de 2001 y 2009) sino también varios textos legales (TRLCAP, LCSP y RDLey 9/2008).