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Teniendo en cuenta, que la Administración penitenciaria tiene la obligación legal de atender a la salud de los internos, se plantea en este artículo las consecuencias que se derivan de las muertes en los centros penitenciarios por razones de enfermedad, en particular por SIDA, con el objetivo de analizar si la posición garante que la Administración penitenciaria asume, depende sólo de la aplicación del tratamiento médico, o también del resultado.
