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Rafael Ramón Sastre Ibarreche
Desde las iniciales negociaciones para la puesta en marcha del protocolo de Kioto, las organizaciones sindicales internacionales -CSI, CES- han subrayado la necesidad de contar con el respaldo de los trabajadores para alcanzar un acuerdo general para la lucha contra el cambio climático. Realmente, la transición hacia un modelo energético más sostenible va a implicar cambios importantes en lo que se refiere a los puestos de trabajo, cualificaciones profesionales, formas de vida y, también, para las empresas: por ello, los sindicatos están presionando en el proceso de negociación general para prestar más atención a las consecuencias que, para la sociedad y el empleo, suponen el cambio climático y las medidas de reducción de emisiones. En España, la última reforma del Estatuto de los Trabajadores -aprobada mediante la Ley 38/2007- brinda un nuevo marco legal para el derecho de información y consulta de los trabajadores en los centros de trabajo y empresas que se extiende también a los efectos para el empleo de las políticas ambientales. Por otro lado, tanto los sindicatos UGT y CC.OO. como las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han tomado parte en el debate acerca de la Estategia Nacional sobre Cambio Climático. En el ámbito estatal y autonómico, los sindicatos y las organizaciones empresariales españolas también forman parte de las mesas redondas para la puesta en marcha del Protocolo de Kioto creadas por la Ley 1/2005 y, asimismo, de órganos consultivos como el Consejo Nacional del Clima.
Since negotiations began on implementing the Kyoto Protocol, the international trade unions -ITUC, ETUC- have drawn attention to the fact that reaching a global consensus on preventing climate change requires the support of workers. As a matter of fact, any transition towards a more sustainable energy model will entail significant changes in terms of jobs and qualifications, lifestyles, and for companies: that is why trade unions are pressing for the global negotiation process to focus greater attention on the impacts on society and jobs of global warming and measures to reduce emissions. In Spain, the last reform of the Estatuto de los Trabajadores -approved by Ley 38/2007- offers a new legal framework for the right to information and consultation of employees in undertakings and establishments also regarding the employment impact of environmental policies. Moreover, the Spanish trade unions UGT and CC.OO. and the employers organisations CEOE and CEPYME have taken part in the national debate on the National Climate Change Strategy. At national and regional level, Spanish trade unions and employers organisations are also current members at the round tables on implementation of the Kyoto Protocol created by Ley 1/2005 and, also, at advisory organs such as the National Climate Council.
