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Juan Carlos Tió Saralegui 
La Unión Europea ha modificado su Política Agraria tradicional, eminentemente productivista, por una política de mantenimiento de rentas, como transición hacia una política rural, de carácter territorial, fomentando una agricultura de carácter "multifuncional", vinculada a la consecución de objetivos medioambientales. El cambio ha sido impulsado por la necesidad de avanzar en la liberalización comercial exterior, a través de los acuerdos en la Organización Mundial de Comercio. No obstante, el modelo escogido se muestra muy frágil, frente a la dinámica económica internacional, así como ante el nuevo escenario socioeconómico que se intuye para los próximos años. El crecimiento de los países emergentes y en vías de desarrollo está provocando incrementos de demanda alimentaria que, junto a las nuevas demandas agroenergéticas de los países desarrollados, con obligación de utilizar biocarburantes mezclados con los fósiles, están provocando importantes alzas de precios de productos básicos en la alimentación humana y animal. Todo ello repercute sobre el modelo de desarrollo rural en España, especialmente a través del factor más limitante en nuestra agricultura, como es el agua. Es muy posible que haya que impulsar un nuevo desarrollo intensivo en la agricultura española y europea, que afectará a los objetivos medioambientales.
