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En el ordenamiento jurídico español, quien sufre un daño en su persona o en sus bienes tiene derecho a una reparación en todos los casos en que el daño sea imputable a un tercero. En nuestro Derecho, el principio general es que el perjudicado o sus causahabientes, si la víctima del daño no sobrevivió al desastre, tienen una pretensión resarcitoria que pueden ejercitar ante los jueces de la jurisdicción civil. Como los daños pueden causarse por personas o entidades de derecho público o privado que pueden actuar de muchas formas y pueden afectar a cualquier tipo de bienes, es intuitivo que en un ordenamiento jurídico como el español, que cuenta con varios órdenes jurisdiccionales, más de uno pueda declararse competente para resolver una demanda de reparación de daños. El trabajo se dedica a tales conflictos de jurisdicción y a las posibles soluciones a los problemas que plantean.
