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El caso tiene su origen en una demanda (nº 3669/03) contra Letonia admitida por el Tribunal al amparo del artículo 3 (derecho a elecciones libres) y 14 (prohibición de discriminación) presentada por un miembro del Parlamento letón. El demandante había sido miembro del ejército ruso antes de la independencia letona de la Unión Soviética. La Ley de Elecciones Legislativas contemplaba en su artículo 5, párrafo 5, la prohibición de presentarse a las elecciones a las personas que hubieran trabajado en el pasado al servicio de la KGB. A partir de la proclamación de la independencia de Letonia, el demandante ocupó diversos puestos políticos en el gobierno y afirmó no incurrir en ninguno de los impedimentos legales para ser parlamentario. Sin embargo, en las elecciones del año 2002, la Comisión Electoral Central le impidió presentar su candidatura por haber trabajado en el pasado al servicio de la KGB. El gobierno letón consideró que esta medida era �necesaria en una sociedad democrática� para �garantizar la independencia� y el �orden democrático� de Letonia. El demandante alegó que tal medida era desproporcionada y excedía el margen de apreciación del Estado con el resultado de que, en la práctica, no había podido desarrollar sus actividades políticas garantizadas por el artículo 3 del Protocolo Adicional (derecho a elecciones libres).
