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Cuando la ruptura conyugal divide la familia, los gastos se multiplican. Las pensiones alimenticias que se generan suelen durar años. A veces por falta de voluntad, y otras por imposibilidad material debido a la carga financiera que supone mantener dos familias, no es infrecuente que el progenitor no custodio deje de hacer frente a sus compromisos alimenticios. El legislador español se limita a sancionar penalmente el impago de pensiones en el art. 227 CP, a diferencia del legislador francés, quien complementa la regulación con otros dos delitos íntimamente conexos: el art. 227-4 y 9 Code pénal referente a la falta de notificación del cambio de domicilio y el art. 314-7 Code pénal relativo a la organización fraudulenta de la insolvencia. El objeto de este trabajo es, simplemente, analizar descriptivamente esas dos herramientas del Derecho penal francés, y ofrecer algunas consideraciones de política legislativa, con ánimo de ponderar la conveniencia de su incorporación a nuestro ordenamiento.
