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La reciente política-criminal europea nos muestra como los legisladores se enfrentan crecientemente a déficits no tanto punitivos, como comunicativos. Pero las respuestas ofrecidas no advierten la diversa naturaleza de estas disfunciones, y ello con significativos costes iusfundamentales. Sin embargo, un problema comunicativo requiere, primera y lógicamente, una respuesta en tales términos, como por ejemplo, un desarrollo científico de la legislación simbólica.
