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, Dionisio Ortiz Miranda
La política agroambiental de la Unión Europea ha supuesto, a pesar de su lento desarrollo y de las múltiples cuestiones operativas y conceptuales que han de resolverse en el futuro, una nueva forma de intervención pública en el sector agrario. Su aplicación aún parcial -y minoritaria en el caso de España- hace que los efectos que pueda tener sobre el medio rural dependan de cuál vaya a ser su papel en la futura Política Agraria Común. En este sentido, la ampliación del concepto de política agroambiental a toda aquélla que actúe sobre las implicaciones ambientales de la agricultura (dando cabida a la ecocondicionalidad y a las políticas ambientales de tipo «punitivo») permite aventurar la disociación de dos grandes modelos de agricultura europea que se diferenciarán, fundamentalmente, en su grado de independencia del soporte comunitario y en la acción pública sobre dichas implicaciones ambientales. Los principales efectos rurales de la política agroambiental se podrían generar entonces en los grandes sistemas agrarios europeos, altamente dependientes de la cobertura de una PAC que apunta hacia una mayor «agroambientalización» del soporte público.
