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Una de las consecuencias de las transformaciones de la propiedad de la tierra en España, durante el siglo XIX, fue la constitución de un extenso patrimonio forestal público (6,6 millones de hectáreas), que pasó a depender de la administración central y que se conserva hoy casi en su totalidad. En este artículo se ofrece una visión de conjunto de las producciones y de la gestión de los montes públicos. La intervención del Estado se ha dividido en cuatro etapas y, considerando los resultados más que los objetivos iniciales, destacan dos conclusiones. Primera: por sus características, los montes públicos no eran adecuados para que los gobiernos los utilizaran con el fin de dirigir el rumbo de la economía forestal nacional. Segunda: la administración central aplicó, no una, sino varias políticas forestales, atendiendo a los cambios en los mercados y a las diferentes circunstancias económicas, sociales y ecológicas de las comarcas donde se encontraban los montes.
