Los ciudadanos tienen derecho a conocer y estar informados de la actividad de la Administración Pública. Esta información se suministra a través de publicaciones oficiales, servicios y oficinas de información administrativa y la relativa a las nuevas tecnologías, las cuales influyen en la forma de acceder los ciudadanos a los Servicios Públicos. Para dar cumplimiento a este derecho se aprueba la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.