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Si se quiere conseguir la anulación de actos o disposiciones ilegales en los que esté implicado algún tipo de conocimiento técnico o científico será necesario destruir tanto la presunción de legalidad de los actos administrativos como ese valor preferente que los Tribunales conceden en la práctica a los informes de los técnicos de las Administraciones que obran en el expediente administrativo. Y el medio probatorio por excelencia para conseguir esa finalidad es la prueba pericial, especialmente, a través de la actuación simultánea de la aportación de un dictamen pericial de parte y de la solicitud de nombramiento de un perito judicial.
