El ocasional seguimiento de causas penales contra cargos públicos, en las que, con no poca frecuencia, se producen imputaciones que sostienen el aprovechamiento económico de los efectos del delito en beneficio propio, a la vez que apuntan veladamente al de los partidos políticos a los que los responsables públicos pertenecen, plantea la delicada cuestión de la legitimación de aquellos para constituirse en parte en el proceso, defendiendo un interés particular que resulta indirectamente afectado. Las dudas que en la sociedad se suscitan acerca de la probidad de los actos de tales entidades �y muy particularmente de los métodos empleados para su financiación�, aconsejan facilitar su entrada en la causa cuando a éstos convenga, a fin de no causarles indefensión, permitiéndoles así la salvaguardia de su honorabilidad ante los ciudadanos.