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La regulación jurídica de las relaciones entre el Estado y las Iglesias, o entre el Estado y el fenómeno religioso, está íntimamente relacionada en los países europeos con la historia nacional de cada país. Por este motivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una jurisdicción necesariamente comprometida con la integración de las diferencias nacionales, ha sido especialmente respetuoso con el «margen de apreciación nacional» de las autoridades estatales a la hora de regular la gestión del pluralismo religioso. Ahora bien, esto no ha impedido la afirmación por parte del TEDH del valor objetivo de la libertad religiosa, ni la asunción de la laicidad del Estado, como un elemento consustancial al sistema democrático, y por lo tanto, como un valor integrante del orden público europeo. El hecho de que la laicidad haya sido erigida en uno de los valores de la Convención exige plantearnos cuáles son los contornos jurídicos de este principio. En definitiva, de qué laicidad estamos hablando. En este artículo, se defenderá que, dentro del ámbito del Convenio, y tomando en consideración la importancia objetiva de la libertad religiosa, la laicidad ha de entenderse como un principio indeclinable dentro del Estado de Derecho, pero también en un sentido de mínimos, y por lo tanto, en ningún caso asimilable, a los concretos perfiles que adquiere este principio en ordenamientos como el francés o el turco, donde, según circunstancias históricas y sociales, el principio de laicidad legitima determinadas ingerencias en la manifestación del derecho a la libertad religiosa.
In Europe, legal regulation of the relationship between the State and the churches, or between the State and the religious phenomenon, is closely linked to the national history of each country. Therefore, the European Court of Human Rights, a jurisdiction that is necessarily committed to the integration of national disparities, has been especially respectful with the «margin of national appreciation» of State authorities when it comes to regulate the management of religious pluralism. Nonetheless, this has not prevented the ECHR from stating the objective value of religious freedom, and the assumption of State secularism as an inherent element of the democratic system, and thus as a value that integrates the European public order. The fact that secularism has been erected as one of the Convention values calls for a better definition of the juridical outline of this principle, that is, to determine what is meant as secularism. In this article we purport that, within the Convention scope, and considering the objective relevance of religious freedom, secularism should be understood both as a principle inalienable of the State based on the rule of law, and as a minimum threshold, and hence it is inassimilable to the specific profiles of this principle in the French and Turkish legal systems, in which the principle of secularism legitimates certain infringements of the right to religious freedom on historical and social grounds.
