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La gestación de prácticas expresivas de regímenes de mono-, bi- y trilingüismo, tanto en el seno de las instituciones comunitarias como en buena parte de los órganos que encauzan el continuo flujo de negociación en la UE y su creciente formalización, a medida que se avanza, intensiva y extensivamente, en el proceso de integración europea, debe ser objeto de atención preferente por parte del Reino de España. Tanto más si, como viene siendo el caso, el idioma español no estuviese operando como efectiva lengua de trabajo en ese diferenciado espacio de integración de Estados constitucionales. Una deriva semejante no se corresponde con la realidad de una lengua de comunicación internacional, de creciente presencia social y demanda en la enseñanza, en Europa y en otras zonas del Globo, y que como lengua oficial en Estados de varios continentes viene siendo reconociendo, sobre su estatuto de lengua oficial, como efectiva lengua de trabajo en numerosas organizaciones y organismos internacionales, universales y de ámbito regional. Por ello, es responsabilidad de los Gobiernos españoles concebir y ejecutar una política (europea) tendente al pleno reconocimiento del español como lengua de trabajo en el ámbito de la UE. Una política, fundada en datos objetivos y expectativas, con el objetivo claro de permitir que la UE del siglo XXI pueda comenzar a manifestarse, puertas adentro y en sus relaciones internacionales, en español, y cuya puesta en marcha no debiera esperar al desempeño del próximo turno presidencial en 2010.
