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Este breve estudio pretende concienciar a las Administraciones Públicas de la imperiosa necesidad de respetar el principio constitucional de legalidad y el derecho fundamental a la presunción de inocencia, a través de la inexcusable realización de una actividad probatoria, en todas aquellas denuncias en materia de tráfico, circulación y seguridad vial que, por su naturaleza, fuere posible, a fin de cesar en el quebrantamiento del derecho fundamental de presunción de inocencia de las personas.
