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Ruth Rubio-Marín
En el siguiente artículo analizo con respecto a países con altos niveles de inmigración y en términos de legitimidad democrática, el reto que plantea la existencia en los mismos de sectores de la población que, por carecer de la nacionalidad del Estado de residencia, carecen de la plenitud de derechos y libertades que nutren el espacio de igualdad cívica en un orden liberal democrático. Centro mi análisis en el colectivo de los llamados "inmigrantes ilegales", que es el que está sujeto a una mayor precariedad jurídica. A fin de superar la creciente disociación entre población y comunidad política exploro la necesidad de articular nuevos fundamentos de inclusión dentro del demos y propongo, entre ellos, el de la residencia y el arraigo social que generalmente la acompaña. La fuerza normativa de los fundamentos que exploro es, a mi entender, de suficiente entidad como para superar los reparos morales asociados al carácter "ilegal" del origen de la inmigración. Desde estas premisas concluyo con una valoración negativa de la reciente reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que a la vez restringe el acceso a derechos y libertades de los llamados "ilegales" y dificulta los cauces de subsanación quasi-automática de su ilegalidad.
